La finalidad de esto fue la inclusión financiera, para asi dar certidumbre jurídica a los participantes del sector y regular las plataformas denominadas instituciones de tecnología financiera (ITF) desde las que se realizan operaciones y servicios bancarios, de inversión y transmisión de fondos vía electrónica, Esta legislación crea un Comité Interinstitucional que intervendrá en la toma de decisiones para el otorgamiento de autorizaciones y para la imposición de sanciones.
Este comité será una instancia colegiada con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico).
La ley también prevé el uso de activos virtuales como las criptomonedas o bitcoins, previa autorización del Banxico, y que generarán unidades para su intercambio.
Se establecen multas de 30 mil a 150 mil Unidad de Medida y Actualización (UMA) por realizar operaciones con activos virtuales o criptomonedas sin contar con la autorización del Banco de México, o por realizar operaciones virtuales distintas a las determinadas.
También se establecen multas por difundir información falsa o engañosa o que induzca al error e, incluso, prisión de 3 a 9 años a quien sin consentimiento acceda a los equipos o medios electrónicos, ópticos, informáticos o de cualquier otra tecnología del IFT.
